La polémica medida anunciada por la UIAF contemplada a través de la resolución 314 entra en vigencia en Colombia a partir de mañana. A continuación hacemos un breve repaso de todo lo que sabemos al respecto y las perspectivas que hay sobre esto a corto / mediano plazo.
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Actualización: A través de su página web, la UIAF informó que la aplicación de la resolución 314 se pospone hasta inicios de julio, ya que las medidas serán sometidas a consulta pública hasta el próximo 6 de abril para ajustar de mejor manera la normativa que se busca implementar.
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A partir de mañana 1 de abril entra oficialmente en vigencia la medida anunciada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual exige a usuarios cripto en el país reportar ante el organismo cualquier tipo de transacción individual con monedas digitales que supere los USD $150 (COP 600.000 aprox) o los USD $450 (COP 1.800.000 apox) en caso de ser varias operaciones. Dicha resolución fue aprobada a finales de 2021 y generó mucho revuelo entre entusiastas e inversionistas locales cuando diversos medios se hicieron eco del anuncio a mediados de febrero de este año.
Calificada por muchos como “una medida un tanto extrema” para intentar poner control sobre las operaciones con criptomonedas, a pesar de las críticas todo apunta a que la misma comenzará a operar en la fecha originalmente acordada. Sin embargo aún hay muchas dudas y vacíos en relación a este dictamen, por lo que a continuación repasamos algunas consideraciones a tomar en cuenta:
Un decreto un tanto extremo
De acuerdo con información publicada en la página web de la UIAF, la resolución 314 se aprobó el pasado 29 de diciembre de este año, y el organismo regulador establece que la imposición para el reporte de las operaciones antes descritas aplica tanto para personas naturales y entidades jurídicas (servicios que operan con activos virtuales). En el caso de estos últimos, el decreto establece que “tienen la obligación de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad cuando adviertan posibles operaciones de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en las transacciones o actividades”.
Según aclara la UIAF, las medidas se amparan en las recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / UIAF) en el marco de la prevención y detección de operaciones para el lavado de activos y financiamiento de actos terroristas, especialmente a través del uso de monedas digitales como Bitcoin:
“Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, el GAFI indica que “los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivos… La Resolución 314 significa un avance significativo del sistema ALA/CFT frente a los retos que impone el nacimiento de nuevas industrias y actividades, las dinámicas de la amenaza y la evolución de la tecnología”.
En caso de incumplimiento de esta medida, la UIAF aclara que las personas implicadas deberán asumir una multa o sanción establecida por la Superintendencia de Sociedades.
Especial repercusión sobre exchanges locales
En relación al reporte de operaciones sospechosas, la UIAF establece que entidades que deben presentar dicho informe son todas aquellas personas o entidades jurídicas que realicen las siguientes actividades:
- Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat.
- Intercambio entre una o más formas de activos virtuales.
- Transferencias de activos virtuales.
- Custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales.
- Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual
- En general, servicios relacionados con activos virtuales.
Como se deja ver, esta medida aplica completamente sobre los exchanges que operan con sede en el país, los cuales estarían en la obligación de notificar a la UIAF sobre las operaciones de los usuarios siempre que estas excedan los límites antes establecidos. Al respecto, en una entrevista realizada por DiarioBitcoin, el Country Manager de Buda.com para Colombia, Alejandro Beltrán, destacó en su momento:
“La solicitud de información emplea criterios que no corresponden ni siquiera con los lineamientos establecidos por la GAFI… Reportar desde los USD $150 contemplaría un gran volumen de transacciones, y los demás datos asociados van mucho más allá incluso de la información que los mismos exchanges pueden manejar sobre las operaciones”.
Beltrán destacó en su momento que desde Buda.com y Colombia Fintech han establecido diálogos con los representantes de la UIAF y que ha habido mucha receptividad por parte del ente regulador para escuchar los alegatos presentados. Sin embargo, el hecho de que a la fecha no haya habido un cambio en las medidas originalmente dispuestas genera ciertas dudas, ya que el principal alegato hacía un llamado a que se adoptasen las medidas señaladas por la GAFI en cuanto a las monedas digitales, contemplando los límites sugeridos por el organismo internacional.
Imposibilidad para manejar toda la data
Un aspecto que destacaba especialmente Beltrán tiene que ver con el volumen de datos que implicaría enviar la información solicitada por la UIAF. Partiendo de las estimaciones que han hecho ciertos sitios de análisis como Chainalysis, es muy posible que el organismo regulador no pueda darse abasto para asumir la cantidad de reportes que todo esto supondría, siempre que se cumpla a cabalidad con los criterios originalmente propuestos en la resolución 314.
Si bien queda claro que los exchanges locales deben hacer llegar toda esta información, todavía no queda claro si esta medida también aplicaría para otros servicios que operan como criptomonedas, como las entidades proveedoras de monederos digitales u otros basados en activos digitales que van más allá de las áreas establecidas por la UIAF. Analistas señalan que esto tiene áreas grises que pueden prestarse a libre interpretación, lo cual sería muy riesgoso en términos de aplicación de la ley.
Tampoco queda claro si esto aplicaría para entidades que ofrecen este tipo de servicios para usuarios colombianos las cuales no tienen sede física en el país. En este sentido, existen dudas con respecto a la postura de plataformas de comercio P2P como LocalBitcoins, la cual ya ha colaborado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) para fijar multas a personas residentes en el país.
Posibles repercusiones negativas para el ecosistema local
Si bien la medida ya se siente un tanto restrictiva, analistas y entusiastas anticipan que de mantenerse vigente esta resolución tal y como está, esto desafortunadamente tendrá consecuencias muy negativas para el ecosistema cripto a nivel local.
En primer lugar destaca que la medida a implementar por la UIAF no parece estar articulada con los esfuerzos realizados por otras entidades reguladoras en el país, como por ejemplo las iniciativas impulsadas por la Superintendencia Financiera con respecto al Sandbox regulatorio en el que participan varios exchanges locales e internacionales con algunos bancos. Al respecto, CEO fundador de la firma Suárez Venegas Abogados y presidente de AsoBlockchain, Camilo Suárez, destacó que esto deja ver desintegración entre las entidades públicas, generando zozobra y miedo entre los usuarios.
Y por el otro lado está el carácter restrictivo asociado con esta medida, la cual se siente bastante punitiva y estigmática para todos aquellos que operan y/o trabajan con criptomonedas. Al respecto Beltrán comentaba que este tipo de acciones son las que suelen empujar a las personas a operar desde la clandestinidad, lo cual termina poniendo en un mayor riesgo a los interesados por quedar más expuestos tanto a estafas como a malos actores dentro del ecosistema.
Entonces ¿Qué podemos esperar?
Por el momento, todo parece indicar que la medida se aplicará tal y como fue planteada. Sin embargo, queda esperar y ver si esto arroja los resultados originalmente esperados por la UIAF.
Críticos y analistas señalan que es muy posible que el organismo opte por hacer cambios a la propuesta al ver que no estarían teniendo los resultados deseados, pero lamentablemente queda esperar a que sea la misma UIAF que se enfrente a las consecuencias que deriven de impulsar tales controles.